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Estados Unidos:

Contratistas de Seguridad Responsabilizados por Matanza en Irak

Cinco guardias privados, empleados por la firma contratista de seguridad BLACKWATER WORLDWIDE y acusados formalmente  de ser autores de una matanza en Bagdad, en la que murieron 17 civiles iraquíes en Septiembre del 2007, se han entregado a una corte federal de Utah. El episodio ha reforzado las críticas contra la libertad e impunidad en que se desarrollan las actividades de empresas de seguridad privada de carácter paramilitar de origen estadounidense, británico y sudafricano. Los críticos exigen normas regulatorias internacionales para estas empresas, que terminen con el vacío legal existente en la actualidad.

 
Por José Higuera


(9 de Diciembre 2008) Cinco ex-militares estadounidenses, que se desempeñaban como guardias en la firma contratista de seguridad privada BLACKWATER WORLDWIDE y enfrentan acusados de ser los responsables de la muerte de 17 civiles en Irak, se entregaron esta semana a una corte federal radicada en el estado de Utah. Según informes de prensa, los guardias privados estadounidenses decidieron entregarse en la ciudad de Salt Lake, capital del estado, en la creencia de que allí podrían obtener un jurado más conservador y más benévolo que en Washington.

Los ex soldados fueron formalmente acusados el pasado sábado 6 Diciembre por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, luego de una investigación que estableció su responsabilidad en una matanza ocurrida en septiembre de 2007 en un céntrico y concurrido distrito de Bagdad, la ciudad capital de Irak. De acuerdo a los resultados de esa investigación, ellos abrieron fuego contra los civiles que transitaban por el lugar, causando la muerte de 17 personas. Un sexto sospechoso implicado en los hechos, que enfrentaría una pena de 10 años de cárcel por homicidio, habría negociado con la fiscalía a cargo del caso, para acogerse a las leyes que benefician a los testigos.

   

 

BLACKWATER sostiene que sus seis empleados dispararon en defensa propia, después de haber sido atacados el 16 de septiembre de 2007 en la Plaza Nisour, un punto céntrico de Bagdad en donde confluyen y se interceptan las avenidas principales de la ciudad, en momentos en que el lugar registraba un intenso tránsito de vehículos y peatones. Sin embargo, la investigación conjunta llevada a cabo por el Gobierno iraquí, en conjunto con el FBI y una comisión militar estadounidense, reunió numerosas pruebas y testimonios que indicaron que los guardias privados fueron los únicos que abrieron fuego contra la multitud, sin que mediara motivo o provocación. Los guardias privados formaban parte de un convoy de vehículos blindados y usaron la táctica militar conocida como "fuego de supresión", empleando ametralladoras y lanzagranadas contra civiles en las calles de la capital iraquí. Como resultado, 17 civiles perdieron la vida y otro número de personas resultaron heridas, y los responsables enfrentan ahora cargos de homicidio, intento de homicidio y uso de armas de guerra para cometer homicidio. El informe es concluyente respecto de que 14 de las víctimas fatales, entre las que había mujeres y niños, fueron tiroteadas sin razón alguna.

El sangriento incidente, y la confirmación de que no se trató de una acción en defensa propia sino del empleo indiscriminado de armas de fuego de alto poder contra civiles inocentes y desarmados, ha puesto en tela de juicio el rol que juegan las empresas de seguridad subcontratadas por el Departamento de Estado de EE.UU. en Irak, reforzando las críticas contra la inmunidad con que ellas operan en ese país del Medio Oriente. En la actualidad hay en Irak más de 125.000 guardias privados, que trabajan para varias decenas de firmas de seguridad contratadas para proveer protección a las instalaciones y el personal de organismos gubernamentales extranjeros y de empresas transnacionales. Dicho número es notable, especialmente si se considera que las tropas militares de la coalición liderada por Estados Unidos suman 150 mil efectivos.


Relaciones Privilegiadas



BLACKWATER, basada en el estado de Carolina del Norte, es la mayor firma contratista de seguridad privada del mundo. Al igual que otras empresas similares de Estados Unidos, el Reino Unido y Sudáfrica, esta firma tiene un carácter paramilitar y emplea esencialmente a ex-militares y ex-policías. Con este personal provee servicios de guardaespaldas, vigilancia armada, transporte armado, escolta de convoyes, entrenamiento militar especial y despliegue de unidades operativas tácticas en diversas partes del mundo.

La demanda por los servicios de estas firmas aumentó exponencialmente tras la invasión de Irak en Marzo del 2003, cuando ellas comenzaron a hacerse cargo tanto de la protección de las instalaciones y los empleados de las empresas occidentales encargadas de reconstruir la infraestructura de Irak, como también de la seguridad de las autoridades civiles del gobierno de ocupación, incluyendo al embajador Paul Bremer, que con los cargos de jefe de la Autoridad Provisional de la Coalición y Director de Reconstrucción y Asistencia Humanitaria de facto gobernó Irak entre Mayo del 2003 y Junio del 2004.

Fue precisamente una decisión de Paul Bremer, que en Mayo del 2003 disolvió al ejército iraquí, la que creó el vacio de seguridad en ese país que sirvió de aliciente para la expansión de BLACKWATER y otras empresas del mismo tipo. Bremer también dictó la “Orden 17”, que otorgó inmunidad frente a la leyes de Irak a todos los guardias privados que trabajen para organismos del gobierno de los EE.UU., incluyendo los casos en que sus actuaciones ocasionasen la “muerte accidental” de civiles.

BLACKWATER ha demostrado en los últimos años que goza de relaciones privilegiadas con el gobierno estadounidense, en virtud de las conexiones de su dueño y fundador Erik Prince –un ex comando naval SEAL que trabajó en la Casa Blanca- con el Vicepresidente de los Estados Unidos, Sr. Dick Cheney, y con otros personeros de la administración Bush y el partido Republicano. KBR, una de las principales empresas de seguridad privada operando en Irak, es una subsidiaria de HALLIBURTON, la empresa en que Cheney fue gerente general antes de asumir su actual cargo en el gobierno. De hecho, BLACKWATER es un importante contribuyente financiero a las campañas presidenciales y parlamentarias del Partido Republicano. Las conexiones también incluyen al Sr. Cofer Black, que actualmente es el vicepresidente de BLACKWATER, y que fue director del Centro de Contraterrorismo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y Coordinador de Contraterrorismo con rango de embajador en el Departamento de Estado.

El primer contrato de BLACKWATER en Irak en el 2003 fue por USD 27 millones. Un año más tarde sumaba contratos por USD 300 millones. La empresa es hoy una de las cuatro más grandes compañías de seguridad privada que prestan servicios al Departamento de Estado, junto con las también estadounidenses DYNACORP y TRIPLE CANOPY y la británica AEGIS DEFENCE SERVICES. Un detalle importante es que todas estas empresas desarrollan sus actividades bajo contratos que les fueron asignados sin licitación pública y que, en la mayoría de los casos, están liberados del pago de impuestos.

AEGIS DEFENCE SERVICES, una firma de seguridad privada basada en Londres que es la principal competidora de BLACKWATER, con contratos en Irak que en el 2007 sumaron USD 293 millones. Esta empresa, que emplea fundamentalmente a ex comandos británicos, sudafricanos, australianos y neozelandeses; también ha sido objeto de acusaciones de empleo criminal de armas de fuego contra civiles. Un ex empleado posteó en el 2006 unos videos en internet, que mostraban como personal de la firma tiroteaba vehículos particulares mientras se desplazaban en caravana por una carretera conocida como “Ruta Irlandesa”, que comunica con la “Zona Verde” de Bagdad con el aeropuerto de la capital iraquí. Aunque los intentos de algunas organizaciones humanitarias por llevar el caso a la corte no prosperaron, AEGIS si logró obtener una orden judicial para cerrar el sitio que mostraba los videos.

Creada en el 2002, AEGIS es una transmutación de SANDLINE –empresa creada a principios de los noventa por el notorio coronel británico Tim Spicer- que en 1997 estuvo involucrada en los planes del gobierno de Papúa Nueva Guinea para aplastar una rebelión en la isla de Bougainville, en el archipiélago de las Salomón, operación que la firma iba a apoyar mediante el despliegue de una fuerza de 100 ex-comandos británicos y sudafricanos. La empresa también estuvo implicada en una operación de suministro de armas obtenidas en Bulgaria a rebeldes en Sierra Leona en 1998, contraviniendo un embargo impuesto por la Organización Naciones Unidas. Simon Mann, un asociado de SANDLINE que ya había estado implicado en el suministro de armas a Sierra Leona, fue arrestado en el 2004 en Zimbabue, mientras viajaba en un avión fletado en que transportaba un cargamento de armas y un grupo de ex–comandos sudafricanos, que iban a apoyar un golpe de estado en Guinea Ecuatorial.


También en América del Sur



Un informe del Congreso de los EE.UU. presentado en el 2006 incluye a algunas firmas de seguridad privada, particularmente DYNACORP –uno de los principales competidores estadounidenses de BLACKWATER- entre las empresas que están desarrollando operaciones antinarcóticos u otras actividades vinculadas al Plan Colombia. DYNACORP aparecer entre las firmas contratadas por el Departamento de Estado, mientras que otras empresas figuran como contratadas por el Departamento de la Defensa. El mismo documento señala que empresas de seguridad privada de Israel y otros países han sido contratadas por el gobierno colombiano.

Las actividades de estas empresas en la región sudamericana también ha incluido el reclutamiento de ex–militares y policías para prestar servicios en Irak, con un acento es países que precisamente no apoyaron la invasión a ese país, como Chile, México y Perú. Dentro de esas actividades resultó particularmente conspicua la conducta del ciudadano chileno-estadounidense José Miguel Pizarro, un subcontratista de BLACKWATER que a través de su empresa GRUPO TÁCTICO reclutó incluso a militares en servicio activo dentro de sus cuarteles. Pizarro, que implementó un campo de entrenamiento en las afueras de Santiago e incluso habría arrendado instalaciones militares, preparó y llevó a cerca de mil ex-militares y policías chilenos a Irak.

Los críticos de estas empresas exigen el establecimiento de leyes internacionales que regulen las actividades de las firmas contratistas y castiguen los excesos de sus empleados, acabando así con el vacío jurídico que existe en la actualidad, que permite que algunos de ellos incurran en delitos y crímenes dentro de la más completa impunidad.


© 2008 | Enfoque Estratégico