El Departamento de la Defensa de los Estados Unidos –popularmente conocido como Pentágono por el diseño de la planta de su edificio sede- ha reabierto el proceso de selección y adquisición de un nuevo avión cisterna para la Fuerza Aérea, anunció el Secretario de la Defensa, Sr. Robert Gates, en Washington el pasado 9 de julio.

Sin embargo, la nueva licitación no será conducida por la Fuerza Aérea sino por un comité asesor especial, el que estará encabezado por el Sr. John Young, Subsecretario para Adquisiciones, Tecnología y Logística en el Pentágono. Este comité especial reevaluará técnica y financieramente las nuevas propuestas que serán presentadas por Northrop-Grumman y Boeing, para finalmente seleccionar un proveedor.

La decisión de reabrir el proceso de licitación acogió una indicación presentada a principios de junio por la Government Accountability Office (GAO), organismo contralor dependiente del Congreso estadounidense, cuya investigación descubrió que la Fuerza Aérea había incurrido en prácticas impropias en la adjudicación de un contrato por USD 35 mil millones, que fue otorgado en febrero a un consorcio formado por Northrop-Grumman y EADS Airbus.

La decisión de la Fuerza Aérea estadounidense gatilló la presentación de una protesta formal por parte de Boeing, que era el otro competidor en ese proceso de licitación. El reclamo fue acompañado por un informe que identificó un centenar de violaciones a las buenas prácticas en la adjudicación del contrato a Northrop-Grumman.

El reclamo de Boeing fue acogido por la GAO, que auditó el proceso que condujo a la adjudicación del contrato, detectando ocho violaciones importantes que en opinión del organismo contralor demandarían una reapertura de la licitación

Accidentado y Dilatado Proceso

El proyecto de adquisición de un nuevo avión cisterna, destinado a proveer reabastecimiento en el aire a los aviones de combate y otras aeronaves, tanto de la Fuerza Aérea como de otras ramas de la defensa estadounidense, fue lanzado inicialmente a fines de la década de los noventa. El nuevo avión reemplazaría a los vetustos Boeing KC-135, comenzando con las variantes E, construidas entre los años sesenta y setenta, para luego seguir con los más modernos KC-135R. Los planes consideraban adquirir cerca de 180 aparatos, con un presupuesto previsto de USD 40 mil millones.

En el 2002, la Fuerza Aérea seleccionó al KC-767, una variante desarrollada en base al avión comercial 767, propuesta por Boeing. A principios del 2003 se adjudicó el primer contrato por 100 unidades, aunque se sorprendió a la comunidad estadounidense con la aceptación de una propuesta de Boeing para que las aeronaves no fueran compradas sino tomadas en leasing por 10 años, al cabo de los cuales podrían ser compradas. La medida fue fuertemente criticada desde amplios sectores, ya que aunque significaría un menor desembolso inicial, en el largo plazo tendría un costo substancialmente mayor –USD 20 mil millones- que la compra inmediata y directa. Las críticas continuaron y, a fines del 2003, la Fuerza Aérea se vio forzada a modificar los términos del contrato, para comprar directamente 80 de los nuevos aviones cisternas, recibiendo en leasing solamente los 20 aparatos restantes.

Sin embargo, pocas semanas después se puso al descubierto una situación de corrupción que afectaba a uno de los principales encargados de la selección y compra del nuevo avión cisterna, con lo que todo el proceso de licitación quedó en entredicho. La persona afectada fue la Sra. Darleen Druyun, empleado civil de la Fuerza Aérea, que con rango equivalente a General se desempeñaba como Secretario Asistente para Adquisiciones y Administración de la institución aérea.

La investigación abierta por el Senado estadounidense, que fue conducida por el actual candidato presidencial y Senador John McCain, demostró que la Sra. Druyun mantenía una relación de larga data con Boeing. Ya en el año 1993 había sido investigada por su responsabilidad en el otorgamiento de un “trato especial” a McDonnell Douglas (MDD), fabricante aeroespacial que más tarde se fusionó con Boeing, adelantando pagos a esa empresa en fechas muy por delante de lo establecido contractualmente. Druyun fue finalmente exonerada por falta de méritos.

La investigación también descubrió que en el año 2000, cuando ya estaba viendo la selección del nuevo avión cisterna, Druyun gestionó la contratación de su hija y el novio de esta –ingeniero aeroespacial- por parte de Boeing, en un acto evidentemente cuestionable.

Sin embargo, lo más fuerte fue la revelación de que la Sra. Druyun había dado un trato preferencial a Boeing, manteniendo contactos secretos con altos ejecutivos de ese fabricante, con quienes negoció una reubicación laboral en esa empresa. Específicamente, la investigación probó que Druyun se había reunido con el Sr. Michael Sears, Gerente de Finanzas de Boeing, en el aeropuerto de Orlando en Florida, para discutir el salario, los bonos, y la fecha en que ella comenzaría a trabajar en ese consorcio. Druyun dejó la Fuerza Aérea en enero del 2003, asumiendo inmediatamente funciones como Vicepresidente y Gerente adjunto en la División de Misiles de Boeing, donde permaneció hasta noviembre, cuando su contrato fue cancelado debido al avance de la investigación del Congreso.

El Programa KC-X

El proyecto de adquisición de nuevos aviones cisterna fue relanzado –esta vez bajo la denominación KC-X- en enero del 2007, cuando la Fuerza Aérea hizo un llamado a propuestas. Las empresas convocadas eran las mismas de la licitación anterior: Boeing, que seguía ofreciendo el KC-767, y Northrop-Grumman, que aliado con Airbus ofrecía una variante adaptada a los requerimientos estadounidenses del A330 Multi-Role Tanker Transport (MRTT) basado en el avión comercial A330-200.

Ambos oferentes presentaron sus propuestas, similares a las presentadas en el 2002 pero actualizadas, en los primeros días de enero del 2007, tras lo cual se dio inicio a las tradicionales rondas de discusión y solicitud de información adicional. Finalmente, el 29 de febrero del 2008 la Fuerza Aérea anunció que había seleccionado la propuesta presentada por Northrop-Grumman en asociación con EADS Airbus, que construirían el nuevo avión cisterna, que debería entrar en servicio en el año 2013 bajo la denominación KC-45.

El anuncio abrió paso a una agria polémica en Estados Unidos, donde los críticos de la elección del aparato de origen europeo argumentaban en base a la pérdida de puestos de trabajo locales que ello originaría. Mientras, los defensores de la decisión subrayaban que la mayor parte de la manufactura sería estadounidense, a la vez que advertían que la cancelación de la decisión constituiría una señal muy negativa hacia Europa.

Mientras esta discusión se desarrollaba en instancias públicas y políticas, a principios de marzo del 2008 Boeing elevó una queja formal ante la GAO, apelando de la decisión de la Fuerza Aérea y demandando una reapertura de la licitación, sobre la base de que el proceso respectivo habría presentado un número de vicios. Tras desarrollar una exhaustiva investigación del proceso de licitación, que incluyó la revisión de toda la documentación disponible además del contrato, así como preguntas a los funcionarios involucrados, el organismo contralor del Congreso estadounidense falló a favor de la petición de Boeing.

Es imposible predecir quién será el ganador de la nueva licitación, que incluso podría resultar en la división del contrato entre las dos ofertas, si se imponen las voces de sectores que piden una solución “salomónica” en favor de la relación transatlántica. Pero si es claro que los plazos se extenderán y los costos escalarán, tanto como resultado de la compra de los nuevos aviones cisternas a un mayor precio, como por la necesidad de mantener en servicio a los aparatos antiguos con mayores costos de operación y mantenimiento.

Lo que sí es destacable es la decisión de la autoridad civil de tomar el control de la licitación -que se hará por tercera vez en menos de 10 años- que pone de manifiesto que el manejo de los procesos de selección y adquisición de equipamiento militar no tiene por qué circunscribirse a los mandos militares y sus equipos técnicos. También es notable la capacidad demostrada por el Congreso estadounidense y su brazo contralor, para revisar la licitación anterior y demandar su reapertura. Todo ello deja en claro que los civiles tienen roles más amplios que jugar en estos temas, más allá de lo político-estratégico y financiero.