Una parte importante de esta munición menor queda sobre el terreno por largo tiempo después de terminados los conflictos, en condiciones de hacer explosión al más mínimo contacto o manipulación, constituyéndose en un peligro y causa de muerte de muchos civiles, especialmente niños.
Ubicar, desactivar y remover la munición menor de las bombas de racimo es difícil y de alto costo. Es por eso que se busca prohibirlas bajo la Convención sobre Munición de Racimo, cuya adopción fue acordada en Mayo pasado en Dublín, República de Irlanda, y que será abierta a ratificación durante la conferencia de Oslo en Diciembre próximo.
Rusia, China, India, Pakistán, Israel y Finlandia eran las naciones que, junto a Estados Unidos, estaban presionando por la introducción de un nuevo protocolo en la Convención de Armas Convencionales (CCW,) con el fin de permitir el uso de todas al municiones cluster existentes, incluyendo las más antiguas -imprecisas y menos confiables- por un período de 20 años.
Un grupo de 25 estados subscribieron una declaración rechazando la propuesta, que consideraron no aceptable por ir en contra de los objetivos humanitarios que persigue la iniciativa de prohibición de munición de racimo. Entre los 25 países estaban Austria, Bélgica, Costa Rica, Croacia, Irlanda, México, Nueva Zelanda, Noruega y Sudáfrica. Otras naciones que no firmaron la declaración pero expresaron fuerte oposición al menos a partes del texto fueron Australia, Canadá, Francia, Alemania y el Reino Unido.
La propuesta rechazada presentaba diversas falencias, como un periodo de de 13 a 20 años en los cuales toda las bombas podrían ser usadas; una cláusula de excepción para la munición más avanzada tecnológicamente que podría permitir el uso continuo, incluso luego del periodo de 20 años; falta de requerimiento para destruir las armas existentes; y débiles restricciones en la transferencia.
Steve Goose, director de la División de Armas de Human Rights Watch (HRW), dijo que la las modificaciones mencionadas “habrían dado un velo de legitimación” a aquellos países que quieren seguir empleando munición de racimo. "Las naciones que las rechazaron estaban en lo correcto", sentenció.
El tratado internacional que prohíbe las municiones debe transformarse en ley internacional y entrar en vigor entre fines del 2009 y principios de 2010, seis meses después de haber sido ratificado por 30 países. Un centenar de naciones ya ha confirmado que ratificarán la convención. |